Derecho medioambiental chileno
Fukushima, el día después
Fukushima, el 11 de marzo de 2011, después del tsunami que azotó a las costas de Japón, se produjo el desastre de Fukushima. Fukushima es el corazón de la industria nuclear de Japón. En ese lugar existen 10 reactores nucleares. Como comparación, Alemania tiene 17 reactores nucleares en todo el país. En esta central nuclear ocurrieron varias explosiones.
¿Pero qué ocurrió después del accidente? ¿Las normas que existían para regular este tipo de accidentes al momento de producirse el desastre de Fukushima funcionaron? ¿Qué lecciones se sacaron de esta situación?
Japón es parte de la Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares. Esta convención, junto con la de Seguridad Nuclear, nacieron a consecuencia del accidente de Chernobyl. Esta convención cubre cualquier accidente civil en el que la liberación de material radioactivo ocurrió o pueda ocurrir del cual puede resultar una liberación de material radioactivo transfronterizo que pueda ser de significancia para la seguridad radiológica de otros Estados. Uno de los problemas que presenta este tratado es la amplia discreción para la interpretación del concepto «significancia» que les da a las partes.
Además, esta Convención impone la obligación de informar sobre la naturaleza, tiempo y ubicación del accidente y debe proveer prontamente toda la información que sirva para minimizar los efectos radiológicos del accidente, como las posibles causas y los monitoreos ambientales.
Las autoridades niponas defendieron su decisión desesperada para intentar controlar la crisis en la central nuclear de Fukushima vertiendo 11.500 toneladas de agua radiactiva al océano. Según la agencia Kyodo, el Ministro de Exteriores, Takeaki Matsumoto, defendió la medida, indicando que no violaba las leyes internacionales y prometió informar a la comunidad internacional de todos los pasos que siga adoptando.
El ministro Matsumoto indicó que el vertido no suponía “riesgos significativos para la salud humana”. El jefe de la diplomacia nipona añadió que el vertido no violaba la Convención de 1986 sobre la Notificación Temprana de un Accidente Nuclear, que obliga a los países a proporcionar datos como el momento del accidente, la localización y la emisión de radiactividad a los países afectados cuando se teme que emisiones radiactivas dañinas traspasen las fronteras.
Por otra parte, el accidente fue catalogado como nivel 7 en la escala INES (International Nuclear Radiological Events Scale). Esto no había ocurrido desde el accidente de Chernobyl en 1986.
La escala INES (International Nuclear Radiological Events Scale) fue desarrollada en 1990 por expertos de la Agencia Internacional de Energía Atómica y la Agencia para la Energía Nuclear de la OCDE. La escala INES busca entregar información pronta y consistente que cubra los elementos relevantes relacionados con un evento con material radioactivo. La escala va de 0 a 7, siendo 0 un evento sin significancia de seguridad y 7 un accidente mayor. Los accidentes que van desde el nivel 4 al 7 tienen efectos relevantes fuera de la planta. La ley japonesa sólo reconoce cómo ley y jurisdicción aplicable aquella donde se produjo el accidente, por lo que cualquier acción legal en contra de TEPCO, dueña de la central o del gobierno japonés, debe iniciarse en dicho país. Actualmente existen demandas entre 100 a 200 billones de Euros y más de 2,5 millones de demandantes exigiendo reparación por los daños sufridos por el accidente. Lo que este desastre y otros desastres naturales han dejado ver es que los límites de indemnización establecidos en tratados y los seguros que se les exige tomar a las empresas ya no cubren los reales daños que se pueden producir.
Última modificación: 22/04/2022